La normativa penitenciaria en la que se fundamenta nuestro sistema penitenciario está constituida por:
· La Constitución Española de 1978 : en cuyo Título Primero dedicado a la regulación de los derechos y deberes fundamentales establece en su artículo 25 como finalidad de la pena privativa de libertad la reeducación y la reinserción social de los reclusos.
· La Ley General Orgánica Penitenciaria 1/79 de 26 de septiembre: norma que establece las directrices del moderno sistema penitenciario y que consagra como rasgos más sobresalientes el principio de legalidad en la ejecución de la pena, la potenciación del régimen abierto, la implantación
del Juez de Vigilancia y en definitiva la instauración de un moderno sistema penitenciario basado en la concepción de la pena como una medida de prevención especial encaminada a la reeducación y reinserción social de los penados.
· El Reglamento Penitenciario Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero: que desarrolla los principios de la Ley Orgánica en consonancia con el nuevo modelo punitivo establecido en el Código Penal.
· Circulares e Instrucciones del Centro Directivo: que vienen a determinar el desarrollo en concreto de determinados preceptos de la normativa reglamentaria.
Se complementa esta regulación normativa con las siguientes disposiciones:
· La Ley de Enjuiciamiento Criminal: que establece el procedimiento a seguir para la aplicación de las posibles penas y medidas de seguridad a los delitos cometidos.